LISMI

La LISMI obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contratar un 2% de trabajadores minúsvalidos y, en su defecto, la aplicación de unas medidas alternativas que consisten en la compra de productos o servicios a un Centro Especial de Empleo o la donación a una fundación que tenga como objetivo la formación de personas con discapacidad para su inserción laboral.

¿Qué es la LISMI?

Es la Ley 13/1982, del 7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, que establece para las empresas públicas y privadas que empleen a más de 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores discapacitadas no inferior al 2%. (Art. 38)

¿Existe alguna opción de cumplimiento alternativo?

-Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, que regula el cumplimiento alternativo de carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Cuantificación de la reserva:

  • Promedio de empleados en los 12 meses inmediatamente anteriores.
  • Contrato fijo a tiempo parcial o completo= 1 trabajador
  • Contrato temporal de un año= 1 trabajador
  • Contrato temporal inferior a un año = 1 trabajador por cada 200 días trabajados o fracción.
  • El criterio de la Inspección de Trabajo y SS es que el cómputo se hace por CIF.

Causas de excepcionalidad art. 1.2:

  • Imposibilidad del Servicio Provincial de Empleo de atender las ofertas de empleo presentadas.
  • Existencia y acreditación de causas de carácter productivo, técnico. Organizativo o económico que motiven la especial dificultad de contratar trabajadores con discapacidad.

Solicitud de la declaración de la excepcionalidad:

  • Se debe hacer con carácter previo a la adopción de las medidas alternativas. En la Subdirección de Políticas Activas del INEM (órgano competente para empresas supracomunidad autónoma) hay un impreso por el que se pide a la vez la declaración de excepcionalidad y la opción de medida alternativa.
  • Hay silencio administrativo a los dos meses de presentada la solicitud.
  • Si se deniega la excepcionalidad hay que cumplir la obligación de reserva o iniciar el procedimiento alegando la otra causa justificativa de la excepcionalidad.
  • El plazo de validez es de 3 años desde la resolución o desde el efecto del silencio positivo.

¿Cuál es el periodo de validez del Certificado de Excepcionalidad?

La finalidad de la Ley es la contratación directa de personal discapacitado. La empresa aunque contrate bienes y/o servicios, debe intentar en los 2 años que tiene la validez el Certificado de Excepcionalidad, contratar personal discapacitado progresivamente hasta alcanzar el 2% de su plantilla como mínimo. Pasados los 2 años, si no se ha logrado, queda obligado de nuevo al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de personal discapacitado, por lo que deberá volver a solicitar el Certificado de Excepcionalidad, si no cumple con dicha obligación, para poder acogerse a una de las Medidas Alternativas en el cumplimiento del R.D. 27/2000.

Medidas alternativas

Una vez se dispone de la autorización de excepcionalidad, las medidas alternativas pueden ser:

  • Donaciones o acciones de patrocinio con Fundaciones o Entidades de utilidad pública cuyo objetivo social sea la formación e inserción laboral de personas con discapacidad. Cálculo 1,5 x IPREM*
  • Contratos de adquisición de productos o servicios a Centros Especiales de Empleo (CEE) o trabajadores autónomos con discapacidad. Cálculo 3 x IPREM*
  • Constitución de enclaves laborales con CEE. Cálculo 3 x IPREM*

* IPREM = Indicador Público de Renta para Efectos Múltiples. Es un importe que anualmente se fija por parte del Gobierno de España.

¿Teniendo ya contratados bienes y/o servicios con un Centro Especial de Empleo estoy cumpliendo con la Ley?

No, es requisito indispensable la solicitud del “Certificado de Excepcionalidad” ante la oficina del INEM o el SCC. Una vez obtenido, deberá realizarse de nuevo el contrato de bienes y/o servicios que ya se tenía suscrito para que sea válido como cumplimiento a la Ley de Medidas Alternativas.

¿Qué presupuesto tengo que contratar o tengo que donar?

  • El importe anual de los contratos anuales o civiles con CEE, habrá de ser al menos, 3 veces el Salario Mínimo Interprofesional anual por cada trabajador discapacitado dejado de contratar por debajo de la cuota del 2% de su plantilla.
  • El importe anual para la donación habrá de ser, al menos, de 1,5 veces el SMI anual por cada trabajador discapacitado dejado de contratar por debajo de la cuota del 2% de su plantilla.

¿Puedo dar la donación a cualquier tipo de fundación?

No, sólo se podrán efectuar donaciones a favor de entidades o asociaciones de utilidad pública cuyo objeto social sea la formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con discapacidad. Las entidades cuyo objeto social sea distinto, no pueden ser beneficiarias de la donación en cumplimiento de las Medidas Alternativas.

¿Cuáles son los riesgos del no cumplimiento de la LISMI?

Las infracciones en la materia objeto de esta Ley se sancionarán del siguiente modo:

  1. Las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6.000 euros; en su grado medio, de 6.001 a 18.000 euros; y en su grado máximo, de 18.001 a 30.000 euros.
  2. Las infracciones graves con multas, en su grado mínimo, de 30.000 a 60.000 euros; en su grado medio, de 60.001 a 78.000 euros; y en su grado máximo, de 78.001 a 90.000 euros.
  3. Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90.001 a 300.000 euros; en su grado medio, de 300.001 a 600.000 euros; y en su grado máximo, de 600.001 a 1.000.000 de euros.

Además de las sanciones, en España, los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares pueden exigir a los licitadores la presentación de un certificado que acredite el cumplimiento por las empresas licitadoras de la obligación de reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad o del cumplimiento de las medidas alternativas. Esta nueva legislación abre la posibilidad de reclamación a las Administraciones sobre dichas justificaciones con el fin de invalidar o reclamar sobre contrataciones públicas concedidas a empresas competidoras.

En resumen:

El régimen sancionador determina para las empresas que no cumplan con la LISMI:

  • Imposibilidad de contratar con la Administración Pública: nueva Ley 26/2011
  • Pérdida de todas las bonificaciones en materia laboral. nueva Ley 26/2011
  • Imposibilidad de recibir ayudas o subsidios de la Administración Pública
  • Sanción de hasta 6000 €/año por persona no contratada o falta de medidas alternativas
  • Otras sanciones en función de la reincidencia