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AGFA IBERIA DONA 30.000 EUROS A LA FUNDACIÓN PRIVADA ICARIA INICIATIVAS SOCIALS
AGFA Iberia fomenta su estrategia de responsabilidad social apoyando la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI).
Con presencia en España desde 1925, Agfa posee una gran implantación en diferentes y muy variados sectores profesionales, liderando diferentes segmentos de negocios. La firma tiene claro que la reputación social de su empresa no se puede comprar. Para ello tienen una política social muy definida que tiene como objetivo invertir no sólo en su entorno más inmediato, la comunidad, sino también paliar, dentro de lo posible las necesidades de aquellos grupos sociales más desfavorecidos, como puede ser el caso de los disminuidos psíquicos. Trabajando sólo con Fundaciones sin ánimo de lucro y de clara tendencia social, Agfa Iberia ha donado 30,000 euros a la Fundación Privada Icaria Iniciatives Socials, entidad constituida en 2.002 por Icaria Iniciativas Socials,S.A.L. (1.976) que se dedica a la formación y posterior inserción laboral de personas con disminución psíquica.
Para Mª José Pujol, Directora de la Fundación: “Estamos muy agradecidos a AGFA por esta importante donación. Los 30,000 euros significan mucho para nuestros Proyectos: AGFA también nos demuestra que cada vez es mayor el número de empresas catalanas que fomentan su política de responsabilidad social. La legislación actual, como la ley de la Integración Social del Minusvalido (LISMI), cubre unos mínimos de obligado cumplimiento, pero debe ser la empresa quien vea los beneficios que aporta dicha acción social. Esa responsabilidad nace, en primer lugar, de los directivos y los gerentes de la empresa y posteriormente esa filosofía pasa a formar parte del día a día de todos los que componen la empresa. Está demostrado que esta clase de acciones, como puede ser una donación económica de AGFA o la integración en plantilla de personas con discapacidad crea una motivación positiva dentro de la misma empresa así como a ese colectivo desfavorecido social y laboralmente”.
La LISMI, aprobada en 1982 y actualizado en el 2000 a través de un Real Decreto para facilitar el cumplimiento de esta ley ofrece dos vías para la integración laboral de este colectivo en las empresas públicas o privadas de más de 50 trabajadores. Por un lugar, la ley obliga a estas empresas a emplear a un 2% de su plantilla a favor de los trabajadores discapacitados. Dependiendo del sector de la empresa, a veces la integración de estas personas es sumamente difícil, para no decir imposible, por lo cual el cumplimiento a través de esta primera vía es mínima. La segunda opción es realizar un contrato civil o mercantil con un Centro Especial de Trabajo para el suministro de primeras materias, bienes de equipo, maquinaria o prestación de servicios.
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